Scioli al desnudo: respuesta punitiva a la pobreza

20/11/2009

El gobernador Daniel Scioli presentó ante la legislatura bonaernese un proyecto de ley tendiente a modificar el Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires, de manera de otorgar mayores atributos de detención a la policía.

Este proyecto no sólo no soluciona el problema de la inseguridad en la provincia sino que consolida el fracaso ya exhibido por su gestión no tan sólo en materia de seguridad sino en otras áreas como salud y educación. Se intenta retomar la peor época de la policía Bonaerense, sin siquiera medir las consecuencias materiales. Se sigue el esquema represivo contravencional de la dictadura consolidando una política criminal que ya ha demostrado su fracaso.

El nuevo código sujeto a la aprobación por esta Legislatura propone darle más poder a la policía permitiéndole actuar de oficio como denunciante, testigo y autoridad; posibilita la persecución de jóvenes, ya que baja la edad de imputabilidad de 18 a 14 años; penaliza con la cárcel, ya que las multas resultan impagables para la casi totalidad de las contravenciones; considera punibles a “quienes cometan contravenciones en estado de ebriedad o de intoxicación por alcaloides o narcóticos”, contrariamente a los criterios establecidos recientemente por la Corte Suprema de la Nación.

Criminaliza la protesta social, las manifestaciones, los escarches y todo tipo de petición ante las autoridades; castiga la retrógrada y difusa figura del merodeo y sostiene la cavernaria idea de la vagancia y la ebriedad, que supo perseguir la policía del 1900. Sanciona con arresto (privación de libertad) las deudas, la mendicidad; a los sin techo, las prostitutas y los travestis; castiga la obscenidad y el escándalo público.

Me pregunto, por ejemplo, ¿Qué pasará con el millón de ciudadanos bonaerenses que tienen problema de acceso a la vivienda? ¿Qué sucederá con aquellos que por necesidad han hecho de la calle su morada? La respuesta es que según este proyecto, los espera el arresto.
Asimismo, todo lo mencionado anteriormente queda en manos de jueces que no son jueces, porque serán nombrados por el gobernador y ni siquiera deben ser abogados.

A este festival de populismo punitivo al que nos invita ésta administración provincial, debemos agregar el proyecto enviado por el Gobernador Scioli modificando artículos 41º, 43º y 66º de la ley 13.634 –Ley sobre principios generales del Fuero de Familia y del Fuero Penal del Niño de la Provincia de Buenos Aires.

Dicho proyecto de ley duplica la cantidad de horas que los niños y niñas pueden estar detenidos/as en las comisarías de la Provincia, -de 12 a 24 horas-. Asimismo, amplía el plazo para decidir sobre la procedencia o no de la prisión preventiva. Actualmente se encuentra fijado en cinco días, mientras que se propone llevarlo a diez. Con el mismo, se restringen y suprimen derechos y garantías, en un sentido regresivo, generando mayores potestades estatales sobre el tiempo de privación de libertades públicas de niños y niñas y resultando manifiestamente violatorio de la Convención de los Derechos del Niño.

También se omite la obligatoriedad de la audiencia oral para el dictado de las cautelares bajo pena de nulidad, tergiversándose los principios de oralidad, inmediatez y contradicción esenciales del proceso vigente y la posibilidad de tratar salidas alternativas al proceso.

Al respecto, la Comisión por la Memoria junto con 87 organizaciones han manifestado que la reforma propuesta a la ley 13.634 "fue inconsulta y sin sustento técnico serio. Si los plazos vigentes no son suficientes, es obligación del Estado implementar las medidas necesarias para que lo sean. Es absolutamente inadmisible que la solución de ese problema se cargue sobre los niños y las niñas".

La presentación de los dos proyectos mencionados - que aun deben pasar por la legislatura provincial-, demuestra que las prioridades del Poder Ejecutivo Provincial se resuelven a favor de viejas, improcedentes y fracasadas medidas represivas, dejando de lado la aplicación de políticas de inclusión social.

Estos proyectos son la manifestación de una criminalización de la pobreza, que lo único que produce es una focalización penal sobre determinados sectores sociales, como si el delito formara parte de la naturaleza de algunos grupos. Entonces, se pueden tratar hoy estas modificaciones propuestas, pero que quede claro que no nos enfrentamos realmente con el problema de fondo.

La simplificación del problema de la inseguridad a una sola dimensión –la del uso del poder punitivo del Estado– lo reduce sin resolverlo. Nada se menciona sobre cómo piensa el gobernador combatir la matriz corrupta que relaciona poder político, policial, violencia y delito.

Nuestro compromiso, a favor de una robusta idea del estado social y democrático de derechos nos lleva a desmontar las operaciones que intentan de estigmatizar y castigar a los sectores más vulnerables y nada dicen sobre las razones reales del mayor aumento de la inseguridad.

Roberto Gargarella, en “El derecho a la protesta. El primer derecho”, menciona que “En nuestro país, como en otros, el derecho acostumbra a hacer lo que no debe: maltrata a quién debe cuidar, persigue a quienes debe proteger, ignora a quienes debe mayor atención, y sirve a quienes debe controlar”. En la próxima semana, la legislatura bonaerense tiene una oportunidad para que esto no suceda.